EL ESTREMECIMIENTO NACIONAL: ESCENARIO CRÍTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL CAMBIO
Febrero, 1992
Rafael Grooscors Caballero
ANTECEDENTES
Los desórdenes protagonizados en Caracas y otras poblaciones vecinas en febrero del 89, por grupos pertenecientes a los sectores de menores ingresos, radicados en el área metropolitana, respondieron a un proceso de composición psicológica, emocional, cuya autoría es difícil de identificar en líderes, organizaciones o corrientes político-ideológicas, inscritas en la lucha social convencional. Un análisis bien fundado, metodológicamente, demostraría, estamos seguros, de que, entre otros aspectos importantes que intervienen en la formación de climas específicos de motivación colectiva, en aquellas jornadas operó la desviación, hasta su punto de ruptura, de la comunicación social, que normalmente fluye de arriba hacia abajo, con calidad orientadora y en consonancia con los propósitos históricos de la sociedad. Esta desviación, provino de una interferencia sistemática de los mensajes difundidos por los principales generadores de opinión, en un extenso lapso, de, por lo menos, diez años, en el cual, por errónea ejecución de roles, la clase dirigente, a quien corresponde la orientación pública, desideologizada por el facilismo pragmático y por la ilusión de haber superado las dificultades fundamentales en el proceso de construcción de la democracia representativa, abandonó la tarea del necesario reforzamiento constante de valores del sistema, indispensables para la operación exitosa de tácticas colectivas encaminadas hacia la consolidación de la estrategia del cambio pacífico, verdadera significación de la democracia social, dando lugar a una peligrosa subversión que, de hecho, ha desestabilizado, gravemente, el sistema, sin apuntar claramente, hacia otro sistema alternativo. Es decir, provocando un salto en el vacío, una profunda pérdida de fe, de esperanza, de credibilidad, incompatible con cualquier noción de orden regimentado. Los saqueos, como conclusión lógica de un furioso arrebato de masas descontroladas, enardecidas, que actuaron directamente contra el régimen de la propiedad individual, en el área del comercio de productos de consumo masivo, no fueron obra de presuntos malandros que vivieran en la zona delictual más turbia, sino, como lo hemos dicho, expresión desorganizada de la fractura de un orden que emana directamente del ejercicio permanente del equilibrio entre los distintos sectores que conforman la pirámide social. Esta desorganización, repetimos, fue consecuencia dolorosa de una crisis de comunicación y ésta es la resultante, por acción u omisión, de un proceso de subversión de valores en la sociedad, y de desviación, en el cumplimiento de sus roles, por parte de la clase dirigente del País, respecto a todas las instituciones legitimadas por el sistema.
Es necesario recalcar la idea de que esta crisis de comunicación, se sucede a través de largo lapso de diez años, por lo menos, en el cual se produce un proceso de fuerte acumulación de tensiones hasta niveles de explosión social, que nunca debió operar y cuyo origen y responsabilidad, tiene que situarse en cambios fundamentales producidos en el comportamiento de la economía, que no fueron detectados en su verdadero carácter y en toda su intensidad, ni fueron objeto de una adecuada percepción para medir sus consecuencias en su proyección socia y en el corto, mediano y largo plazo.
¿Cuáles fueron esos cambios? La respuesta a esta interrogante debe corresponder a un análisis exhaustivo de orden económico, que, en todo caso, debe tomar en cuenta los siguientes fenómenos, fácilmente identificables por las circunstancias dramáticas que caracterizan su aparición:
1) La elevación, en ascendencia geométrica, de los precios del petróleo, en el mercado internacional, en el lapso de 1973-1977, volcaron sobre Venezuela una inesperada masa de dinero, que, lógicamente, se tradujo en la sensación de una inusitada prosperidad, que afectó, sensiblemente, los hábitos de consumo y el comportamiento social de los diferentes sectores componentes de la colectividad nacional. Este cambio hacia arriba, no mereció ningún ajuste inteligente en la actitud pública de la dirigencia social del País y fue asumido, necesariamente, como una reivindicación histórica, para la cual el pueblo tenía sobrados derechos.
2) El descenso y la estabilización de los precios del petróleo, ocurrido en el lapso inmediato de 1978 a 1982, provocaron una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, por la caída de los ingresos y por la imposición de una línea de sinceración económica, inspirada, en mucho, en apreciaciones y cálculos meramente políticos, que tuvieron que afectar, seriamente, el estándar de vida alcanzado, en el cambio hacia arriba anterior, a todos los sectores sociales del País. Como en el primer caso, este otro hecho de significación, fue igualmente ignorado en el discurso y en la actitud general de la dirigencia social del País, introduciendo, por primera vez, graves indicios de confusión colectiva, que, inevitablemente, comenzaron a urdir la trama de la desconfianza y el descrédito del Sistema.
3) Paralelamente a la sinceración y la desaceleración económicas, que conllevaron a un desestímulo a la inversión y a una pérdida de rentabilidad del esfuerzo financiero, se produjo un violento crecimiento de las tasas pasivas del mercado bancario norteamericano, cuyo índice subió del 9 al 21%, en colocaciones de hasta 24 horas, dentro de una estrategia de captación de recursos para la reactivación de la economía de la gran potencia del norte, ante lo cual la respuesta del capital venezolano no se hizo esperar: fuga masiva hacia los bancos norteamericanos, suficientemente estimulada e impasiblemente permitida, amenazando gravemente los niveles mínimos indispensables del ahorro nacional.
4) Cuando se quiso contrarrestar los efectos de la desaceleración y de la pérdida del potencial financiero del País, se estableció el control de cambios y se adoptó la figura de RECADI, para canalizar las importaciones mediante un subsidio financiero, que incrementó el poder discrecional de las autoridades fiscales y puso al descubierto, ante los ojos expectantes de un pueblo ya confundido, la imprevisión de sus dirigentes. Tampoco, en esta ocasión, Venezuela sintió la presencia coherente de un estamento conductor que le diera seguridad y que mantuviera vivas sus esperanzas hacia un cambio eficaz y una sustancial modificación del precario y muy amenazado régimen de vida al cual, tales errores, le habían llevado. Así se llegó, resbalosamente, al punto en que "hubo que raspar la olla" y cayeron casi a cero las reservas internacionales del País.
5) Mientras todo este proceso de incertidumbre en la respuesta económica se iba definiendo, las emisiones de mensajes positivos eran, cada vez menores y lucían carentes de sinceridad y sin correspondencia en los hechos más sensibles de la realidad social. Los servicios públicos aparecían comprometidos hacia un colapso inevitable, comprobable por cualquiera que intentara valerse de ellos. La denuncia acerca de la ineficacia gerencial de los gobernantes, la falta de seriedad de los "políticos" en el análisis de los problemas y en las ofertas electorales, de soluciones que luego se olvidaban y, lo más grave, las acusaciones mutuas, de dirigente a dirigente, a través de los medios de comunicación, de participación abierta en hechos de corrupción administrativa, terminaron por establecer una interferencia sistemática del mensaje diario, fluido de la dirigencia social del País y colocar al pueblo, a los sectores más necesitados y que hasta entonces habían respondido con la mayor obediencia y las más sanas esperanzas en la actitud de sus dirigentes, en una posición de indignada incredulidad, incompatible con el respeto a la autoridad y las jerarquías, indispensable para el equilibrio y el orden social.
Los sucesos del 4 de febrero del año en curso, referidos a una acción cuidadosamente planificada, encaminada a la toma del poder a través de un golpe de estado, patrocinado por grupos militares en posición de comandantes de importantes unidades tácticas, fueron urdidos, evidentemente, en el supuesto de que el malestar colectivo, identificable en los elementos que provocaron la ruptura de la comunicación, fácilmente detectable en las expresiones del público, serviría de base justificatoria del criminal desconocimiento constitucional y arrastraría a la población venezolana, en general, hacia una inequívoca manifestación de apoyo a los golpistas, envolviendo en una dorada capa de gloria los desmanes a los que hubiesen tenido que apelar, para triunfar en su siniestros propósitos.
Dos tácticas distintas, puestas sobre una misma realidad, como instrumento de excepción, para reaccionar, a despecho de la Democracia, en favor de los intereses populares: el saqueo y la acción subversiva en las calles, contra el orden y… la asonada, el abuso orgánico de las armas, las FAN contra el poder civil, a título de árbitro arbitrador, para restaurar la dignidad de una sociedad ofendida. Estas dos vías alternas, mientras no se trate a fondo, revolucionariamente, la situación estructural del País, continuarán sirviendo a la elucubración diaria, acerca de soluciones arbitrarias a problemas cuya gravedad la imaginación acrecenta, dados los modelos negativos y el ejemplo "interferido" que suponen el desconocimiento, la indiferencia y el desinterés de los gobernantes frente al Pueblo.
EL ACUERDO NACIONAL
La ruptura del proceso comunicacional dio lugar, por imposición de mensajes negativos, a una sociedad abatida por la incertidumbre, definitivamente incrédula y peligrosamente permeable para los agentes de la desorganización social.
A estas alturas, los cambios y virajes rutinarios, difícilmente modificarán la estructura de la opinión y creemos que ni siquiera servirán de distracción, en caso de que se quisiera ganar tiempo para intentar acciones más enérgicas, que tiendan a la recuperación del prestigio institucional y a la confianza de las bases en sus dirigentes.
El 27 de febrero de 1989 y el 4 de febrero del 92 –eventos distantes, uno del otro, a lo largo de los últimos tres años de intensa descomposición- se internalizaron, socialmente, como referencias críticas, de grave cognomento negativo. No hay modo de ignorarlas, si se quiere hacer un análisis serio de la situación nacional. Hay que responder a estas referencias, con un verdadero estremecimiento, en el seno de la opinión, para fundamentar una profunda alteración en el orden de las relaciones de poder, capaz de reubicar a la democracia como el poderoso instrumento de cambio que es, al servicio del pueblo, en manos del pueblo y para el engrandecimiento del pueblo.
El Presidente de la República debe probar que dirige un gobierno que representa a toda Venezuela, en la pluralidad de sus intereses y en sus más distintas aspiraciones sectoriales.
El Presidente de la República debe sustituir un conjunto de políticas, identificadas negativamente, como de signo impositivo y meramente grupal, por una verdadera estrategia de desarrollo nacional, diseñada, específicamente, por representantes directos de los gremios y autoridades organizadas de la sociedad, fundamentalmente en lo que toca a los más sentidos problemas populares: alimentación, trabajo, vivienda y seguridad ciudadana.
Esta estrategia nacional de desarrollo debe tener calidad de acuerdo constitucional, por un plazo mínimo de diez años, sin acudir al expediente de la enmienda ni de la reforma de la Carta Magna y ser muy precisa en la fijación de metas y objetivos, así como en la definición instrumental y operativa que garantice su factibilidad. Debe cuidar de que sea, a la luz del mayor análisis, un acto trascendente de corresponsabilidad de todos los factores de poder, de toda la dirigencia social y de todas las representaciones populares, legitimadas por la Constitución Nacional y por el ordenamiento legal vigente.
Desde luego, debe minimizarse, aún cuando no excluirse, la presencia per-se de los Partidos Políticos, en esta trascendental tarea, a modo de elevar la significación participativa de los gremios y de las autoridades organizadas de la sociedad.
Se trataría, en síntesis, de estremecer el País, dando un gran salto, afirmativo, en la Historia, para promover a la Democracia Participativa. El secular anhelo del acceso al Poder de la Sociedad Civil dentro de una democracia firme; de renovada energía, calidad creativa y proyectado audazmente hacia el futuro, tendría en este evento su mejor, definitiva reivindicación. Sin embargo, este estremecimiento del País, aún debe responder a determinadas angustias colectivas, que no necesariamente se verán resueltas, de inmediato, en la promoción de la propuesta estrategia nacional de desarrollo. Y quizás la primera de esas angustias sobrecogedoras, sea la que surge de la observación y la experimentación del fenómeno de la corrupción, una especie de socio-patología que parece haber socavado hasta las más profundas raíces de la moral ciudadana y en torno a la cual solamente habría que investigar si el altísimo nivel de las apariencias, se compadece o no con la probada realidad del fenómeno.
Pensamos que la corrupción, sin desechar las tácticas convencionales, en el caso nuestro, para el día de hoy, debe combatirse, eficazmente, desde el mismo microambiente que la comprende: el gasto público. La convicción de que no sólo se administran mal los recursos públicos, sino que cada vez se malbaratan y se despilfarran, en las manos inexpertas, cómplices o delincuentes de sus manejadores, constituye el primer síntoma que hay que atender, en aras de la restitución de los valores éticos de la sociedad. Una drástica reducción del Gasto Público, no sólo a consolidar por la vía de la reducción administrativa, sino a ejecutar y perseguir con tenacidad, a más de producir los efectos que en el proceso de afinación de la economía se anuncian, por su vinculación a la inflación, serviría para erradicar prácticas y lacras, vicios y corruptelas, que están, desgraciadamente, en la superficie de la observación y el contacto público, así como para demostrar, fehacientemente, la voluntad, el propósito de saneamiento radical de la administración, mecanismo indispensable para salvar la democracia. Todas las demás medidas que en el terreno de la administración de justicia se arbitran convencionalmente para combatir el mal de la corrupción, tendrían entonces, después del establecimiento de este mecanismo, mayor ambiente y mayor credibilidad.
Otro de los problemas sentidos, agudamente, por la colectividad, es el referido a la seguridad y a la protección de su vidas y de sus bienes, gravemente amenazados por el creciente auge delictivo y por la aparente impotencia del Estado para garantizar los derechos de los Ciudadanos. No se podría aplaudir, elocuentemente, una estrategia nacional de desarrollo, si no se toma debidamente en cuenta este flagelo.
Una gran cruzada popular contra el delito, debe suceder a la promoción del acuerdo nacional y de la drástica reducción del Gasto Público. La incorporación activa, diariamente instrumentada, de la sociedad civil, a través de las Juntas Parroquiales y las Asociaciones de Vecinos, a labores de vigilancia, en condiciones sinceras de operabilidad, movería una masa enorme de colaboradores en todo el País, que incrementarían, sensiblemente, los niveles de identificación y corresponsabilidad de las gentes con el Gobierno, ayudando más a solidificar el piso, la base de sustentación de la Democracia.
Este mismo dispositivo ciudadano se puede orientar hacia otras tareas igualmente trascendentes, como lo es, por ejemplo, la lucha contra la especulación y el acaparamiento de bienes de consumo popular.
En líneas generales, el estremecimiento que se propone, como vía para adelantarse a cualquier nuevo intento de ruptura por la fuerza del orden constitucional, se fundamentaría en estos grandes acontecimientos:
1) El Acuerdo Nacional, con la calidad de norma constitucional, promovido por la Sociedad Civil y la representación directa de los gremios Socio-económico-culturales del País, para el diseño y establecimiento de una Estrategia Nacional de Desarrollo, que corresponsabilice a todos con los aspectos fundamentales de la gestión de los gobiernos electos por el pueblo, hasta el año 2000.
2) Lucha a fondo contra la corrupción, a partir de una drástica reducción del gasto público y del comportamiento de los funcionarios públicos.
3) Participación activa de la Sociedad Civil en la lucha contra el crimen organizado y en la represión de prácticas contrarias al interés popular, como son la especulación y el acaparamiento de bienes de consumo masivo.